Principios innegociables en política: criterios para votar con conciencia

Por: Junior Londoño Analista en Doctrina Social y Participación Ciudadana Artículo elaborado con asistencia editorial. 
(Miembro del Grupo de Oración Santa María de los Ángeles) 

Introducción: la participación política como deber cristiano 

La participación en la vida pública no es opcional para el cristiano. La fe tiene una dimensión social que se concreta en la responsabilidad ciudadana. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña: "Es deber de los ciudadanos contribuir, junto con la autoridad civil, al bien de la sociedad en espíritu de verdad, justicia, solidaridad y libertad" (CEC 2239). En tiempos electorales, este deber se traduce en informarse, discernir con recta conciencia y votar responsablemente. La Iglesia ha recordado que existen principios morales que no admiten negociación. Como afirmó Benedicto XVI: "El respeto y la defensa de la vida humana, desde su concepción hasta su fin natural; la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer; la libertad de educación de los hijos; y la promoción del bien común en todas sus formas, no son valores negociables" (Sacramentum Caritatis, 83). 

 Estos cuatro ejes estructuran el discernimiento político del católico.

1. Defensa y promoción de la vida humana 

El derecho a la vida es el presupuesto de todos los demás derechos. Sin él, el orden jurídico pierde fundamento moral. San Juan Pablo II enseñó en Evangelium Vitae que la vida humana es sagrada e inviolable desde la concepción hasta la muerte natural. Este principio implica el rechazo de toda práctica o legislación que atente directamente contra la vida humana, como el aborto o la eutanasia. Apoyar su promoción o ampliación normativa supone relativizar el primer derecho fundamental sobre el que se sostienen todos los demás. La protección del más vulnerable —el no nacido, el enfermo, el anciano— no es una postura ideológica, sino una exigencia básica de justicia. 

2. Defensa y promoción de la familia fundada en el matrimonio 

La familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer es la célula básica de la sociedad. No es simplemente una construcción cultural, sino una realidad arraigada en la naturaleza humana. En Familiaris Consortio, San Juan Pablo II afirmó que el futuro de la humanidad pasa por la familia. En ella se aprende la responsabilidad, la solidaridad y el amor social. Debilitar la institución familiar debilita el tejido social y afecta directamente el desarrollo integral de las nuevas generaciones. 

3. Libertad de educación de los hijos 

El derecho-deber de educar corresponde primariamente a los padres. No es una concesión del Estado, sino un derecho originario que brota de su misión educativa. Benedicto XVI lo incluyó explícitamente entre los valores no negociables (Sacramentum Caritatis, 83). La Congregación para la Doctrina de la Fe afirmó que cuando la acción política se enfrenta a principios morales que no admiten excepción, el compromiso del católico se hace más evidente (Nota doctrinal, 2002, n. 4). Este derecho implica que los padres puedan elegir una educación acorde con sus convicciones morales y religiosas, y que no se les impongan contenidos formativos contrarios a ellas, especialmente en ámbitos sensibles para la formación de la identidad y la afectividad. La educación es una colaboración entre familia y Estado, pero la responsabilidad primaria pertenece a los padres.

4. Promoción del bien común El bien común es el marco estructural que sostiene el orden social justo. No consiste en la suma de intereses particulares, sino en las condiciones que permiten a todos desarrollarse plenamente. El Catecismo lo define como: "El conjunto de condiciones sociales que permiten a las personas y a los grupos alcanzar más plena y fácilmente su propia perfección" (CEC 1906). Esto exige un orden jurídico justo, seguridad ciudadana, respeto efectivo de las libertades fundamentales —como la libertad religiosa y de expresión— y condiciones que hagan posible el ejercicio real de los derechos. Cuando la política se convierte en instrumento de intereses ideológicos o personales, pierde su orientación al bien común y debilita la convivencia social.

Conclusión: jerarquía moral y discernimiento electoral 

La Doctrina Social de la Iglesia establece una jerarquía clara: 

1. La vida como fundamento. 

2. La familia como estructura natural. 

3. La libertad educativa como derecho originario. 

4. El bien común como marco institucional que garantiza el ejercicio real de los demás derechos. Al votar, el católico no puede reducir su decisión a simpatías personales o intereses sectoriales. Debe preguntarse si el candidato respeta estos pilares fundamentales. Participar en política es una forma concreta de caridad social. Votar con conciencia formada es un acto de responsabilidad ante Dios y ante la nación. 

Referencias 

• Benedicto XVI, Sacramentum Caritatis (2007), n. 83. 

• Congregación para la Doctrina de la Fe, Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política (2002), n. 4. 

• San Juan Pablo II, Centesimus Annus (1991), n. 46. 

• Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 1906 y 2239. • Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, n. 298.